jueves, 30 de enero de 2014

INSTAN INVESTIGAR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INNNMVS

INSTAN INVESTIGAR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL INNNMVS

29 de Enero de 2014

El Diputado Dr. Rodolfo Ondarza Rovira presentará un Punto de Acuerdo, ante la Comisión Permanente de la ALDF, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública se investigue el caso de corrupción y desvío de recursos asignados por CONACYT, al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez.

Lo anterior, en relación al caso de los médicos Julio Sotelo Morales y Adolfo Martínez Palomo, quienes en marzo de 2008, a través de la revista médica “Annals of Neurology”, señalaron haber descubierto la causa de la enfermedad llamada “Esclerosis Múltiple”; noticia que se replicó en varios medios de comunicación, al grado de mencionarse la posibilidad de que estas personas fuesen candidatos al Premio Nacional de Medicina o incluso al Premio Nobel de Medicina, ya que aseguraban la contundencia de los resultados,producto de su investigación.

El Diputado, presidente de la Comisión de Salud de la ALDF, señala que para la realización de esta supuesta investigación, los médicos señalados contaron con el apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es decir, utilizaron recursos públicos, que se destinan al apoyo a la investigación, principalmente a través de instituciones públicas como la UNAM, IPN, Institutos de Salud, entre otros.

Sin embargo, una de las características de este tipo de investigaciones es que puedan evaluarse y replicarse por científicos en otras partes del mundo, por lo que el grupo de mayor experiencia en Estados Unidos diseño una investigación similar a la del Dr. Sotelo y colaboradores, encontrando resultados completamente diferentes, por lo que procedieron a desmentir el trabajo mexicano, señalando que los resultados eran incoherentes y estaban manipulados.

Ese mismo año, 2008, en una revista llamada “Chilango” se publicó un reportaje en relación a este tema, señalando como el autor principal de fraude científico al Dr. Julio Sotelo, Director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, quien además, tenía ya diversas denuncias como servidor público, por casos de incompetencia técnica y falta a la honorabilidad, abuso de autoridad, despidos injustificados, utilización de suposición para tomar beneficio económico y social, asignar recursos a proyectos propios, entre otros.

Asimismo, un amplio grupo de médicos y enfermeras de dicho Instituto han realizado denuncias ante la secretaria de la Función Pública, con objeto de que se investiguen todas las irregularidades y abusos; así como la manipulación de este y otros resultados de investigaciones previas, realizadas por el citado médico, que constituyen elementos que nos permiten afirmar la existencia de fraude científico.

Si bien, es un tema del ámbito nacional, como presidente de la Comisión de Salud, el Diputado Rodolfo Ondarza considera de vital importancia retomar el asunto, toda vez que las acciones realizadas por el Dr. Julio Sotelo y equipo, han provocado un enorme daño a la credibilidad de la ciencia en nuestro país, además de poner en riesgo la salud e integridad física de pacientes, principalmente de la Ciudad de México, considerando que en nuestro país existen alrededor de 13 enfermos de esclerosis múltiple, por cada 100 mil habitantes, es decir, unas 15 mil personas viven con este padecimiento neurodegenerativo, discapacitante y que puede llevar a la muerte.

Por ello, solicita a la Secretaria de la Función Pública y la Secretaría de Salud, respondan y tomen cartas en este asunto, a fin de recuperar la confianza en las instituciones del Estado, quienes deben aplicar todo el rigor de la ley a los servidores públicos, que como en este caso, cometan fraude científico, toda vez que se trata de un delito equiparable con cualquier otro tipo de fraude.

Durante la conferencia de prensa, estuvieron presentes el Dr. José Antonio Cuellar, presidente del Colegio Mexicano de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad A.C. y el Dr. Mario Mendoza, asesor de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF, quienes lamentaron que en nuestro país se realicen actos de corrupción de este tipo, en perjuicio de los intereses y salud de la población.

El Dr. Cuellar recalcó que desafortunadamente en estas prácticas están involucrados funcionarios de alto nivel, siendo una de las razones por las que hasta el momento no se han frenado estas acciones, por el contrario, se sigue cubriendo y hasta premiando a los responsables, calculando que entre un diez y un 20 por ciento de los recursos públicos que se destinan a la investigación, son mal utilizados.

Prueba de ello, es que a pesar del aumento anual de recursos en la materia, a la fecha son pocos los trabajos que han tenido resultados redituables para la sociedad mexicana, con el alto costo económico y social que esto representa, además de perjudicar a aquellos investigadores que realmente encauzan sus esfuerzos en generar mejores condiciones de vida para la población."

Colaboración remitida por Félix CalderónNota del editor del Blog: * La nota está publicada en la sección de Boletines de Prensa de la Asamblea Legislativa de Representantes(*) del Distrito Federal el día 29 de enero de 2014.
  • (*) Actualización del 31 de enero de 2014: El remitente de la nota nos hace la acotación puntual que la denominación correcta del órgano citado es "Asamblea Legislativa del Distrito Federal" pues el término "Representantes" fue omitido y suprimido a raíz de las reformas constitucionales (artículo 122 de la CPEUM) que dieron lugar, inclusive, a lo que ahora llamamos "Jefatura de Gobierno" desde 1997, antes denominado "Departamento del Distrito Federal".  Acá una nota al respecto de la historia de dicho órgano visible en la página de la misma Asamblea, escrita por el Maestro Arrigo Coen (Q.E.P.D.).
Saludos.

martes, 28 de enero de 2014

ACASO NO ES DELITO PATRIMONIAL U OMISIÓN GUBERNAMENTAL(?)

PRESENTA DENUNCIA CONTRA RESPONSABLES POR DAÑOS EN PLAZA DE LA REPÚBLICA

27 de Enero de 2014
"A fin de que se reparen los daños ocasionados en Plaza de la República por los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Laura Ballesteros Mancilla, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia contra quien resulte responsable por las afectaciones del espacio público del Monumento a la Revolución

"Previo al plantón de la CNTE el gobierno de Marcelo Ebrard invirtió 300 millones de pesos para la recuperación de este espacio público. Es por los daños ocasionados por los plantones de la Coordinadora que la ciudad se ha visto afectada, no solamente en el tránsito, en la parte de movilidad, en la economía y en la propiedad privada sino también en materia del espacio público que es de todas las personas", afirmó.

Ballesteros Mancilla señaló que esta denuncia debió haber sido presentada de oficio por parte de la Procuraduría desde que sucedieron los daños, pero no fue así. Por ello, ahora la PGJDF tendrá que comenzar las investigaciones para encontrar a las personas que dañaron el inmobiliario público y para proteger los derechos de todos los capitalinos.

"Hoy los ciudadanos piden orden y la gente quiere circular con tranquilidad y paz. Por desgracia las manifestaciones que hemos visto a últimas fechas no cumplen con ninguna de estas características y es importante que la autoridad intervenga para garantizar los derechos de todos", sostuvo.

Además de esta denuncia, la diputada del GPPAN presentará el próximo miércoles un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda un informe acerca de a cuánto ascienden los daños ocasionados en el Monumento a la Revolución " lo que tiene que hacer la SEDUVI es presentar con total transparencia el estudio que realizó del recuento de los daños. Antes de sacar conclusiones debemos conocer a cuánto asciende el deterioro para que pueda ser pagado".

Finalmente Laura Ballesteros dijo que la reparación de daños a la vía pública proceden a través de este tipo de denuncias, y agregó que las afectaciones que sufrieron los comerciantes las tiene que cubrir el estado y es por eso que estos están pidiendo una partida del Fondo de Capitalidad."

Colaboración remitida por Félix Calderón

jueves, 23 de enero de 2014

Constitucionalistas Mexicanos: El control constitucional y el control de convenci...

Nuestro compañero Félix Calderón nos comparte el ensayo de Juan Carlos González Cancino, ubicable en la sección "Libros" de la biblioteca del Blog: Constitucionalistas Mexicanos: El control constitucional y el control de convenci...



Saludos.

"Marcas", una manera de penalizar...

Compañer@s:

Por lo que toca al tema de las "marcas" que deja una queja en contra de un servidor público, a continuación se transcribe la tesis que nos hace llegar como colaboración nuestro compañero Israel Castillo:

"Época: Quinta Época
Registro: 313147
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: Tomo XL
Materia(s): Penal
Pag: 2398

PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUE SE ENTIENDE POR. Según el espíritu del artículo 22 de la Constitución General, el término inusitado, aplicado a una pena, no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo. En efecto, inusitado, gramaticalmente hablando, es lo no usado, y no podría concebirse que la Constitución hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enumera en el citado precepto, de todas aquellas que no se hubieran usado anteriormente, por que tal interpretación haría concluir que aquel precepto era una barrera para el progreso de la ciencia penal, ya que cualquiera innovación en la forma de sancionar los delitos, implicaría una aplicación de pena inusitada, lo cual no puede aceptarse. Por pena inusitada, en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva; porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad; porque no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. En cuanto al concepto de trascendentales, no significa que las penas causen un mal más o menos graves en la persona del delincuente, sino que los efectos de la misma afecten a los parientes del condenado. Todo lo anterior se desprende de los términos expresos del concepto constitucional que se comenta, al establecer que quedan prohibidas las penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Amparo penal directo 4383/32. Valencia Flores Tomás. 9 de marzo de 1934.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente."

De la misma manera aquí les dejo una liga a varias tesis relacionadas con dicho rubro: http://goo.gl/tL7gdF

Relacionado con el mismo tema, también les comparto la tesis "FICHAS SIGNALETICAS, FORMACION DE. IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS":

"FICHAS SIGNALETICAS, FORMACION DE. IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS. Es un error considerar como pena la identificación, es decir, la elaboración de la ficha dactiloscópica correspondiente, siendo que la naturaleza de esas medidas es completamente diferente y entre ellas existen diferencias substanciales. En efecto, en materia penal, por pena se considera, en términos generales, la sanción económica o privativa de libertad, publicación del fallo y otras que enumeran las leyes represivas, que el órgano jurisdiccional competente impone a un individuo atendiendo a conductas activas u omisivas, previstas en la ley aplicable. En cambio, la identificación del procesado no es una pena porque no se decreta en la sentencia y es una simple medida administrativa; constituye una reglamentación judicial y policiaca, necesaria en esos órdenes para identificación y antecedentes del proceso; es decir, configura una medida cuya ejecución aporta al Juez del proceso, y de futuros procesos, más elementos del juicio para individualizar la pena que deba imponerse al que cometió uno o varios delitos. Desde otro punto de vista, la identificación del procesado tampoco constituye una pena, porque éstas se imponen hasta la sentencia, mientras que la identificación del procesado, por imperativo del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, debe realizarse apenas dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso. En tales condiciones, como la identificación del procesado no es una pena, deben considerarse infundadas las argumentaciones en el sentido de que se trata de una pena infamante y trascendental, porque, no teniendo el carácter de pena, de acuerdo con lo antes expuesto, menos puede tratarse de una pena infamante y trascendente, de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal."

Aunque la Corte indique que no se trata de una "pena", no cabe duda que la "marca" que la sociedad impone, bien en por conducto de los individuos o por las instituciones, a veces lleva un castigo más fuerte que el del propio texto de la Ley.

Por último, junto con la colaboración de la primera tesis, en la sección "Legislación" de la biblioteca del blog, pueden consultar el protocolo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean resueltos los amparos por equidad de genero y derechos humanos:


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Saludos

Caso: Jefa Delegacional en Iztacalco

PIDEN COMPARECENCIA DE DELEGADA EN IZTACALCO

21 de Enero de 2014
Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Héctor Saúl Téllez Hernández y Christian von Roehrich de la Isla, anunciaron que presentarán un Punto de Acuerdo ante la Diputación Permanente el día de mañana para solicitar la comparecencia de la Jefa Delegacional en Iztacalco, Elizabeth Mateos, para que explique el caso de extorsión en el que está involucrada al exigir a sus trabajadores cuotas para su proyecto político.

“Pedir la inmediata comparecencia de la Jefa Delegacional en Iztacalco a efecto de que explique y nosotros podamos tener elementos para determinar en todo caso en un análisis de las comisiones cómo vamos a resolver este asunto. Lo que no podemos permitir es que la Jefa Delegacional esté cayendo en una extorsión y en mecanismos, sin duda de financiamiento de su propia corriente o de su partido político que es el PRD”, destacó Téllez Hernández.

En su oportunidad, el diputado Christian von Roehrich, recordó que estas prácticas para solicitar a trabajadores el “diezmo”, se instituyeron desde que Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como Jefe de Gobierno del DF, y llegaron para quedarse.

“Esta práctica llegó para quedarse, y no solamente en la delegación Iztacalco, sino que vamos a revisar y vamos a exigir que la Contraloría y la Procuraduría del Distrito Federal sigan de oficio este tipo de denuncias que exhiben a sus servidores públicos… Vamos a revisar en todas las otras delegaciones perredistas y también en el Gobierno del Distrito Federal si estas prácticas se siguen dando para extorsionar y coaccionar a servidores públicos para intereses políticos y electorales”, explicó von Roehrich de la Isla.

El caso Iztacalco acerca de la extorsión de un servidor público hacia sus trabajadores, comentaron los legisladores del GPPAN, es sólo la punta del iceberg de lo que pudiera estar sucediendo en otras delegaciones gobernadas por el PRD para poder financiar sus estructuras e incluso campañas políticas.

Por tal motivo, los diputados del GPPAN exhortaron a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para que realice una exhaustiva investigación y que no sólo se limite a una declaración pública, sino que se llegue hasta sus últimas consecuencias en un ámbito de rendición de cuentas.




22 de enero de 2014
Periódico La Jornada
Miércoles
22 de enero de 2014, p. 36
Raúl Llanos y Ángel Bolaños

La jefa delegacional habría exigido a funcionarios un diezmo sin fin específico
Atraerán la Cámara de Diputados y la ALDF el caso del escándalo de Mateos
Legisladores locales solicitan a la Contraloría y a la Procuraduría iniciar de oficio pesquisas

La Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tomarán cartas en el asunto de los señalamientos en contra de la jefa delegacional de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández, de que supuestamente exigió diezmo a funcionarios de esa demarcación. En tanto, legisladores federales y locales exhortaron a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia capitalinas a iniciar de oficio una investigación sobre ese caso.

El diputado federal Carlos Reyes Gámiz manifestó que como secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción (de la cámara federal) abriré una investigación sobre esa acusación. La iniciaremos de inmediato y habremos de recabar todas las pruebas (de audio y video) que se tienen ya, y haremos un llamado a todos los servidores públicos de Iztacalco que quieran sumar sus denuncias, a que acudan a mis oficinas de la calle Cochimi número 58, en la colonia Zapata Vela.

Añadió que, de encontrar elementos suficientes de responsabilidad en contra de la titular de esa demarcación, habrá de interponer una denuncia penal.

Respecto de las declaraciones de Mateos Hernández, de que son falsas las acusaciones y que se trata de fuego amigo, el también vocero de los diputados federales del PRD agregó que es muy desafortunada su respuesta; me parece que quiere tender una cortina de humo en vez de esclarecer el asunto. Ella debería ser la primera promotora de una investigación, y que la realice tanto la contraloría como las instancias del PRD, en especial la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

Sobre ese tema, los diputados locales del PAN Héctor Saúl Téllez y Christian von Roehrich adelantaron que presentarán hoy un punto de acuerdo en la Diputación Permanente para que se cite a comparecer a la delegada ante el pleno el próximo lunes y dé una explicación sobre los señalamientos en su contra; además, llamaron a la Contraloría General del Distrito Federal y a la PGJDF a que inicien de oficio una investigación sobre ese asunto.

El diputado del Partido Nueva Alianza Jorge Gaviño dijo que antes que citarla a comparecer se debe realizar la investigación y que se remitan los resultados a esta Asamblea, para que se tome una decisión.

Miriam Saldaña, del Partido del Trabajo y electa por un distrito electoral de Iztacalco, dijo que no le compete opinar sobre asuntos internos de otros partidos, pero consideró que quien presentó la grabación debió presentar la querella ante las instancias correspondientes; no veo por qué en lugar de usar las vías adecuadas recurrió a los medios de comunicación.

PAN EXIGE QUE COMPAREZCA DELEGADA DE IZTACALCO ANTE DENUNCIAS DE EXTORSIÓN. Ante las acusaciones y señalamientos de que la jefa delegacional en Iztacalco, Elizabeth Mateos, cobra el diezmo a sus funcionarios como parte de las cuotas que deben entregar al PRD, la bancada del PAN en la ALDF advirtió que solicitará su comparecencia ante el pleno de la diputación permanente para que explique lo que consideraron como un acto de extorsión. Esto debido a que recientemente circularon en internet videos en donde los trabajadores se refieren a la “aportación” que la perredista les exige y que se habla, es para obtener recursos para apoyar su proyecto político. (Reportero: Jennifer Alcocer) Crónica, Ciudad; Milenio Diario; Jornada, Capital; Sol de México, Metrópoli

ABAJO. ELIZABETH MATEOS. La delegada en Iztacalco ha sido señalada como la persona que exige a sus funcionarios el famoso diezmo forzoso, que se debe entregar al PRD. Es una práctica nociva e injustificada, pues el Estado mexicano, vía las instituciones electorales, destina, año con año, recursos públicos para gastos de los partidos políticos. La mejor aportación de un funcionario es dar resultados en sus encomiendas y seguro que el PRD recibirá una mejor retribución, que es el voto ciudadano. Crónica 

LA GRAN CARPA. ALTAVOZ. El grupo parlamentario del PAN solicitará hoy al pleno de la ALDF un punto de acuerdo para que la delegada de Iztacalco, Elizabeth Mateos, sea citada para el próximo 27 de enero y explique las denuncias de algunos trabajadores de esa demarcación, a quienes -sostienen- obliga a entregar 15% de su salario para labores partidistas. Los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández y Christian von Roehrich de la Isla externaron su confianza en que el Gobierno del DF instruya a la Contraloría General y a la PGJ capitalina, para que siga de oficio esos hechos. Economista 

LOS MALOSOS. Ni deberían de molestarse los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández y Christian Von Roehrich. La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, a cargo de Manuel Granados, está decidida a boicotear el punto de acuerdo para la comparecencia de la delegada de Iztacalco, Elizabeth Mateos, a pesar de la prueba grabada donde cobra "derecho de piso" a sus trabajadores (audio en http://ow.ly/sOPLf), según esto para el proyecto político de su partido. Sin embargo, los panistas están decididos a dejar constancia de que la bancada de Federico Döring no tolerará la burda extorsión, aunque deberían llamar a las fuerzas federales para combatir al grupo de autodefensa de la delegada perredista en la Asamblea, en una de esas les envían a un comisionado a poner orden. Hoy se verá en la Asamblea la calidad moral, el cinismo, el contubernio o el rechazo a la impunidad. En corto legisladores del Sol Azteca aseguran no tener empacho en echar abajo el punto de acuerdo de Téllez Hernández y así evitarle molestias a Elizabeth Mateos ¿así de podrida está la ética legislativa..? Aún es tiempo. Impacto Diario


Colaboración de Félix Calderón

Ganan Ministros en retiro hasta $261 mil mensuales

Periódico La Jornada
Miércoles
22 de enero de 2014, p. 11


Reciben $261 mil 908 al mes y gastos de alimentación que superan los $100 mil al año
Obtienen millonarias percepciones cinco ministros en retiro de la Suprema Corte
Cada uno tiene a su disposición cinco trabajadores, cuyo salario paga el máximo tribunal

Los cinco ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), designados a partir de la reforma constitucional de 1994, reciben una pensión mensual de 212 mil 34 o 261 mil 908 pesos, dependiendo del año en que dejaron el cargo. Además, los ex juzgadores tienen a su disposición a cinco trabajadores, que son pagados por el máximo tribunal, así como gastos de alimentación, que llegan a superar 134 mil pesos anuales.
Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano cuentan, además de su pensión, con el apoyo de cinco trabajadores pagados por la SCJN, cuyos salarios superan el millón de pesos al año por cada ministro.

En el caso de los gastos de alimentación, Góngora Pimentel es el que más ha aprovechado esta prestación, con un total de 134 mil 534 pesos en 2010, y 136 mil 469 pesos en 2011, que le fueron rembolsados por la Corte, de acuerdo con información oficial obtenida mediante el portal de transparencia del máximo tribunal.

Los ministros en activo recibieron en 2013 un sueldo mensual de 249 mil pesos, más aguinaldo, prima vacacional y seguro de riesgo, para sumar ingresos totales de tres millones 899 mil 486 pesos.

Díaz Romero, Góngora y Azuela perciben 212 mil 34 pesos, por haber dejado el cargo antes, mientras Ortiz Mayagoita y Aguirre reciben 261 mil 908 pesos mensuales, de acuerdo con datos proporcionados por la SCJN tras la solicitud de información.

La diferencia en los años radica en que por única vez, en 1995, fueron designados para periodos escalonados, con un mínimo de 15 años y un máximo de 20 años para el cargo.
De acuerdo con la ley, una vez que pasen a retiro, después de 15 años en el cargo, los ministros reciben los primeros dos años el equivalente a 100 por ciento del salario que tenían, y a partir del tercer año 80 por ciento, más otros gastos que asume directamente el máximo tribunal.

Los ingresos de los ministros –quienes se han negado a reducir sus percepciones con el argumento de que sería inconstitucional, ya que atentaría contra la independencia y autonomía de la SCJN– superan incluso lo que recibe el Presidente de la República, quien ganó 204 mil 825 pesos mensuales en 2013, pese a que está vigente una ley que establece que nadie puede ganar más que el titular de Ejecutivo federal.

Los ingresos de los togados contrastan también con el hecho de que México –según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– es el único país de la región donde creció la pobreza en los años recientes, debido a que la punta de la pirámide tiene un ingreso 14 veces superior al del estrato más pobre, amén de que el salario mínimo en el país es de 67.29 pesos diarios.

Los ministros en retiro –de los 11 designados en 1995, ya murieron Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Vicente Aguinaco Alemán– tienen derecho a gastos de alimentación y a que la Corte pague el sueldo de cinco colaboradores.

Sólo Juan Díaz Romero tiene dos personas a su servicio, por un importe mensual de 60 mil 882 pesos en total, mientras el costo mensual de los empleados de Aguirre Anguiano es el más alto, con 95 mil 84 pesos al mes, seguido de los 91 mil 56 de los de Góngora y Azuela. Aunque Ortiz Mayagoitia tiene el mismo número de colaboradores, por su escalafón los ingresos de sus auxiliares son de 85 mil 893 pesos.

Respecto de los gastos por alimentación, la información proporcionada por la SCJN señala que Góngora fue el que utilizó más la prestación, con 134 mil 534 pesos y 134 mil 469, en 2010 y 2011, respectivamente.

Le siguió Azuela, con 12 mil 859 pesos, en 2010; 82 mil 758, en 2011; 89 mil 146, en 2012, y 48 mil pesos en 2013.

Díaz Romero sólo ocupó 30 mil 122 pesos en 2010. Aguirre Anguiano, 5 mil 761 pesos en 2012, y 13 mil 555 en 2013. Ortiz Mayagoita, 39 mil 90 pesos en 2013, según la SCJN.
* Colaboración de Félix Calderón




sábado, 18 de enero de 2014

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Compañer@s:

Relacionado con la aplicación de la "Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado", ya es consultable en la sección del "Módulo I" del blog, la tesis con el rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO" en la que, entre otros argumentos, se indica que "(...) la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas [sentencias] sean cumplidas inexcusablemente. (...)"


La primera en la que se cita que "(...) los efectos del fallo protector jamás consistirían en restituirlo [al agente del Ministerio Público] en el goce de la garantía individual violada, porque el artículo 80 de la Ley de Amparo no puede contravenir la intención del legislador constitucional plasmada en el citado artículo 123, apartado B, fracción XIII, pues no habría posibilidad de que se reinstalara al quejoso en el puesto que desempeñaba. Por tanto, procede el amparo indirecto contra el referido acto, al ser de ejecución de imposible reparación; razón por la cual no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracciones II y IV, de la ley de la materia."

La segunda dispone que "(...) si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación respectivo en su carácter de agente del Ministerio Público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo."   

Por último, también pueden consultar la versión pública de la sentencia dictada en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Juicio de Amparo 815/2011, seguido contra actos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras autoridades, y en la que se examinan diversos conceptos relacionados con los derechos humanos por cuanto a la restitución del servidor público que reclamo por la vía que se menciona.


Saludos

miércoles, 15 de enero de 2014

Ejecutoria 355/2012 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (María Natividad)

Desde el dos de diciembre de 2013 se encuentra a su disposición en la biblioteca del Blog correspondiente al Módulo I, la ejecutoria D.A. 355/2012 de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que es motivo de lectura para discusión en la sesión próxima del sábado 18 de enero de 2014, y que más adelante se cita íntegramente:



Recuerden que también es necesaria la lectura de las siguientes leyes para la clase antes citada:

* Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;

* Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.

Tengan presente que respecto de los documentos integrados en la sección de la biblioteca del blog no necesariamente se crea una entrada como la presente, por lo que resulta muy importante que visiten con regularidad dicho Blog y, desde luego, sus diversas secciones, para estar al tanto de las novedades que en el mismo se integran.

 Saludos.

El Servicio Público como profesión

Compañer@s:

Nos han remitido el ensayo de Octavio E. Arroyo Zavala "El servicio público como profesión: elementos para promover la Ética y la Cultura de la Legalidad en el ámbito gubernamental" publicado en el número 206 de la revista "Bien Común" de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y que nos ha hecho llegar nuestro compañero Félix Calderón.

 Se trata de una lectura muy puntual que enmarca la naturaleza del servicio público y, desde luego, su profesionalización; no dejen de atenderla:

 

Saludos.  

lunes, 6 de enero de 2014

Un documental contra el sistema, y el sistema contra el documental

Relacionado con la entrada "Poder familiar de la Federación", nuestro compañero Félix Calderón nos comparte la siguiente nota:
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Ivabelle Arroyo
“El Respetable”
Domingo 01 de Diciembre, 2013

Un documental contra el sistema, y el sistema contra el documental

“Presunto Culpable” sirvió a Elías Azar para obtener su reelección, considera su director, Roberto Hernández
Las demandas en contra del director de Presunto Culpable, Roberto Hernández, alcanzan una suma estratosférica: 3 mil millones de pesos para resarcir supuestos daños a algunas de las personas que aparecen en la cinta. Pero para el abogado y documentalista, eso no es lo grave, lo grave es que estas demandas se insertan en un ambiente hostil de los jueces del Distrito Federal. Un ambiente hostil, que él considera ha sido alimentado por la postura del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar.

Para Hernández, el documental sirvió a este magistrado para lograr la reelección, en un sistema retorcido diseñado por los diputados para que esta reelección dependiera del aplauso de los jueces.

“Lo que sucedió es que la Asamblea Legislativa del DF creó una ley en la que el presidente de este tribunal se puede reelegir por el voto de los jueces. Entonces lo que hicieron fue crear un sistema estúpido, en donde no puedes reformar el poder judicial y crearon un sistema muy corrupto y lo digo aquí en la Casa de la Justicia: se venden las sentencias. Le notifican al presidente del tribunal cualquier demanda que supere los 10 millones y las demandas se deciden, las sentencias, a nivel cupular”, dice molesto el director en entrevista para El Respetable.

La reelección de Elías Azar ha provocado varios problemas, entre ellos la indefinición del funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que opera contraviniendo la Constitución federal debido a que en esta se establece un periodo que Elías Azar ya rebasó.
Pero ese es otro cantar. Lo que a Hernández le perjudicó es que el magistrado presidente defendió a los jueces y por ende, puso al sistema en contra del documental.

¿En qué se basa para afirmar que Elías Azar ha actuado innoblemente? Para empezar, en la defensa directa del juez aludido en el documental.

“Cuando vino la posibilidad de que se revisara la actuación del juez Héctor Palomar, que sale en la película, durante los últimos seis años, él [Elías Azar] salió públicamente a decir que era un excelente juez y que no tenía ningún reproche que hacerle. Conformaron un comité de ética disque por académicos que dijeron que el juez había aprobado todos sus exámenes, que tenía bonita letra y que por lo tanto lo iban a mantener como juez. Y lo ratificaron como juez, a pesar de tener como 15 amparos en su contra y un par de denuncias en su contra”, explica Hernández.

Eso por un lado, pero además, sus declaraciones públicas generan un ambiente adverso que pone a la defensiva al equipo de Presunto Culpable.

“En las semanas posteriores a la presentación de la película, cuando venía la reelección, empezó a declara que Presunto culpable le había ensuciado la cara injustamente a los jueces. Y después dijo que ‘este tipo’ no había demostrado su inocencia. A Televisa le dijo que Presunto Culpable era un caso aislado, que la película estaba manipulada”, dice Hernández.

Sobre los resultados de las sentencias no se muestra optimista, pero advierte que peleará si estas le son adversas. En la Suprema Corte o en instancias internacionales.


Gana un proceso, pero en Morelia

En Morelia, Michoacán, no le fue tan mal al director de Presunto Culpable y a sus productores. A principios de noviembre, los magistrados de un tribunal colegiado revocaron un amparo que impedía la distribución de la película. Es la primera buena noticia que tienen en mucho tiempo.


Amenazas de muerte

El 11 de noviembre, Roberto Hernández denunció en las redes sociales una amenaza de muerte, que además no era la primera. Pidió ayuda directamente al Gobierno del Distrito Federal, y logró que Miguel Ángel Mancera se comunicara con él para agiliza la denuncia. Lo mismo sucedió con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.

Por si no lo vio

Presunto Culpable es un documental que cuenta el encierro de Antonio Zúñiga, un joven arrestado en Iztapalapa y encerrado sin pruebas contundentes. Los abogados del documental reabren el caso y revelan, con el caso de Zúñiga, las graves violaciones a los procesos judiciales y la aberrante corrupción del sistema.




 

viernes, 3 de enero de 2014

"Poder Familiar de la Federación"

Relacionado con la entrada "Cartas a un Juez que inicia la carrera judicial" el compañero Israel Castillo nos comparte esta nota publicada en el diario "El Siglo de Torreón":

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 Noticia publicada en Nacional de El Siglo de Torreón el lunes 25 de junio de 2007, 8:42am

Margarita Luna Ramos, miembro de una ‘familia judicial’

El Universal /México, D.F.

"Luna Ramos ha sido secretaria, oficial judicial, actuaria, proyectista de sentencias en Juzgado, jueza de Distrito, magistrada de Circuito, magistrada del Tribunal Electoral y consejera de la Judicatura.


La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, es una prueba fehaciente de que la llamada “familia judicial” sí existe. Es más, quienes la conocen, saben que ella tiene dos matrimonios, que es bígama y que no lo niega.

Primero se casó en la capital del país, allá por el año de 1975, con el Poder Judicial de la Federación. El siguiente matrimonio le vendría más tarde, después de poco más de una década, cuando las bromas le decían que el tren se le iba, justo cuando se desempeñaba como jueza. A partir de ahí comenzó su bigamia.

Pero la historia que la llevó a estos dos matrimonios comenzó a escribirse en otro lugar y en otro tiempo.

Todo inició en un pueblito, como ella le dice nada menos que al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde nació hace medio siglo y en donde ella aspiraba a ser médico.
La muerte de su padre, un conocido comerciante de nombre Belisario Luna Flores y la falta de recursos para estudiar medicina, la llevaron a cambiar su vocación por la abogacía, una de las dos únicas carreras que se impartían en su natal San Cristóbal.

En el pueblo, asegura, sólo había dos opciones: ser maestro normalista o abogado. Dos de sus hermanos eligieron ser abogados (ahora José Alejandro es magistrado del Tribunal Electoral y Carlos Hugo es magistrado de Circuito) y otros dos decidieron ser maestros. Ella, la menor de los cinco hermanos, optó por la abogacía.

Ante la falta de recursos para que alguien le mantuviera sus estudios, desde los 15 años de edad, comenzó a trabajar como secretaria. El taller de mecanografía que había cursado en la secundaria le había servido para colocarse como secretaria en una oficina gubernamental en Chiapas.
Y de su tierra natal no hubiera salido de no ser porque no quería que su madre, doña Josefa, le durara más y no continuara, en su pueblo, “ahogándose en la tristeza”.

Cuando había iniciado la carrera de Derecho salió de Chiapas hacia la Ciudad de México, en donde se encontraban trabajando sus hermanos mayores. Ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y hubiera continuado trabajando como secretaria en una oficina de la Secretaría de Agricultura, de no ser por que su hermano José Alejandro la convenció de que, si ya iba a estudiar la carrera de Derecho, mejor presentara su examen para entrar como secretaria en un juzgado federal que se iba a abrir en la Ciudad de México.

Y así lo hizo. Presentó su examen de mecanografía y taquigrafía e ingresó como secretaria de uno de los encargados de elaborar proyectos de sentencia para el entonces recién nombrado juez Juan Díaz Romero, quien una década después llegó a ser ministro de la Corte.

Díaz Romero se convirtió en una de las personas clave en su vida laboral, de quien, junto a todo su equipo de colaboradores, adquirió el gusto y el amor por lo que la impartición de justicia.

A partir de entonces, sin saberlo, Margarita Luna Ramos, se casó con la justicia e inició una carrera de más de 30 años en la que, como muy pocos, ha recorrido cada uno de los escalafones del Poder Judicial, desde el más bajo hasta el más alto.

Lo mismo ha sido secretaria, oficial judicial, actuaria, proyectista de sentencias en Juzgado, en Tribunal Colegiado y en la SCJN, jueza de Distrito, magistrada de Circuito, magistrada del Tribunal Electoral, consejera de la Judicatura y a partir del 19 de febrero de 2004, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Segunda Sala del alto Tribunal.

Una mala negociación política en la Cámara de Senadores estuvo a punto de frenar su llegada a la Corte. En diciembre de 2003 el senador Diego Fernández de Cevallos la vetó, dividió a la fracción del PAN y evitó que, pese a tener la mayoría de votos, no fuera designada, porque no obtuvo la votación de dos terceras partes de los senadores que exige la Constitución para el nombramiento.

La falta de contactos y la ausencia de una filiación política estuvo a punto de dejarla fuera de la Corte y de formar parte del grupo selecto de 11 personas que deciden el destino de los principales conflictos que se viven en el país, del cual ya formaba parte, desde hacía dos décadas, su primer jefe, Juan Díaz Romero.

Pero las recomendaciones de algunos integrantes de la Corte y los buenos oficios del recién nombrado ministro, José Ramón Cossío, lograron colocarla nuevamente en la terna de candidatos que presentó el presidente Vicente Fox para ocupar la vacante que quedó libre con la salida del entonces ministro Juventino Castro y Castro.

Y ya en plena elección, un anónimo enviado de última hora a la fracción del PRD, en el que se afirmaba que había beneficiado a los clientes del senador Diego Fernández de Cevallos en el caso conocido como El Paraje San Juan, también estuvo a punto de empañar su elección.
Después de sopesar el anónimo, el entonces coordinador de la fracción perredista en el Senado, Jesús Ortega y los legisladores del PRD, decidieron darle su apoyo.

Ganó la elección con el voto de 82 de los 105 senadores presentes. Y al salir de la sesión, le agradeció su voto al perredista Jesús Ortega, por no haberle hecho caso al anónimo y le dijo que esperaba que la vida le diera la oportunidad de demostrarle que no se había equivocado.

A partir de entonces comenzó a usar esa toga negra que de alguna manera le aleja el aire de ama de casa que da con su cabello castaño corto, sus trajes sastres conservadores y sus largas faldas y la transforma en la ministra que con sus últimos votos ha decidido algunos de los asuntos más importantes del país, como fue el caso del conflicto que enfrentó a la Cámara de Diputados con el Instituto Federal Electoral.

Un caso en el que se le criticó ampliamente por haber emitido un voto totalmente opuesto al que había presentado en un caso similar promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aunque el cambio de opiniones a la hora de votar sobre casos similares no es nuevo para la ministra. Si existen nuevos argumentos que la hagan cambiar de opinión lo hace, lo mismo de una sesión a otra, como ocurrió cuando después de oponerse a la creación de una comisión que investigara violaciones graves a las garantías en el caso Atenco, al final terminó apoyando que se indagaran los hechos ocurridos en la comunidad mexiquense.

O incluso puede cambiar, después de un par de años, como sucedió con el tema de la cadena perpetua. A su llegada se sumó a la mayoría de ministros que ratificó la inconstitucionalidad de esta pena, pero un par de años después, cambió su opinión y con su voto ayudó esta postura cambiara y se declarara inconstitucional la cadena perpetua.

Este tipo de votos son los que hacen que no se le pueda ubicar con una tendencia clara.

En general se considera que la ministra tiende a ser demasiado técnica y muy rigurosa en el estudio de sus proyectos, no por nada se levanta todos los días a las 4 de la madrugada a estudiar sus asuntos.

Tres cualidades que aprendió de dos de los jefes que tuvo en sus inicios. El ministro en retiro Juan Díaz Romero, con quien todavía alcanzó a compartir como par el Pleno de la SCJN y el actual presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

De ellos, se asegura, es probable que también haya consolidado su tendencia a ser más conservadora a la hora de interpretar la Constitución y al resolver los conflictos, principalmente, entre autoridades y entre poderes, como ocurrió en el caso del IFE y más liberal e innovadora cuando se trata de defender las garantías de las personas, como lo hizo en el caso de los militares con VIH y de las investigaciones que se ordenó realizar en los casos Atenco y Oaxaca.

Y al igual que ellos, la presidencia de la SCJN, no es uno de sus principales objetivos en su vida y es el único cargo del Poder Judicial que le falta ocupar. Y hay quienes dicen que, al igual que Ortiz Mayagoitia, es un cargo que seguramente ocupará en el futuro. Tiempo le sobra. El periodo para el que fue electa como ministra concluye hasta febrero de 2019."


¿Sabías que… inmovilizar tu auto puede ser anticonstitucional?

Otra colaboración relacionada con la entrada "Particulares ¿Autoridades?" (Gracias al compañero Félix Calderón por la nota):
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¿Sabías que… inmovilizar tu auto puede ser anticonstitucional?

Publicado el 17 diciembre, 2013
Parquímetros enfrentan demandas por abuso

Hasta el pasado noviembre, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) había recibido 105 demandas de ciudadanos contra el sistema de parquímetros de la ciudad y casi 70 por ciento de estos recursos son atendidos a través de la defensoría de oficio, reveló la titular de este órgano administrativo, Yasmín Esquivel Mossa.

Apoyándose en una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta del TCADF sostuvo que las inmovilizaciones de vehículos por parte de empresas particulares son anticonstitucionales, a menos que esté presente un elemento de tránsito en el momento de la sanción.

“En virtud de que la empresa no tiene facultades para inmovilizar un vehículo, únicamente puede inmovilizar un vehículo la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estas empresas no lo pueden hacer.

“Si esta empresa ha emitido una sanción económica al vehículo si puede ser impugnada esa sanción con nosotros”, detalló Esquivel Mossa.

Detalló que de las boletas de sanción en materia de parquímetros se advierte que se impone una multa por cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, más el retiro de candado inmovilizador, y que las principales causas para ello son que el vehículo permanece estacionado frente a un parquímetro cuando el tiempo para ello ha expirado o bien por no acreditar el pago correspondiente para estacionarse en dicho sitio.

“Los actos que emiten las empresas concesionarias de parquímetros sí pueden ser impugnados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si puede venir el ciudadano a demandar la nulidad de ese acto, toda vez que la empresa recibió una concesión del Estado para hacer y llevar actos jurídicos”, aclaró la magistrada.

Agregó que la vía que se sigue para dichos juicios es la sumaria, es decir, de plazos cortos, por lo que aproximadamente en 45 días se tiene una resolución definitiva.
Atracción 360






 

El Presidente no incurrió en traición a la Patria, según Penalistas

Compañer@s:

Nos comparte esta nota periodística nuestro compañero Félix Calderón, relacionado con la entrada denominada "Principio de No Autoincriminación"; muy ilustrativa... ¿qué opinión les merece?:

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  • Lo acusan de hacer acuerdos con empresarios petroleros de Inglaterra y EU
  • El supuesto de abrir a inversionistas el sector de hidrocarburos no viola la soberanía, señalan

EL PRESIDENTE NO INCURRIÓ EN TRAICIÓN A LA PATRIA, SEGÚN ALGUNOS PENALISTAS

Alfredo Méndez.- Periódico La Jornada Lunes 16 de diciembre de 2013, p. 10

"Después de hacer un análisis dogmático pormenorizado del tipo denominado traición a la patria, abogados y académicos especialistas en derecho penal y constitucional entrevistados por La Jornada negaron que el presidente Enrique Peña Nieto o sus colaboradores hayan incurrido en ese delito, previsto y sancionado por el artículo 123 del Código Penal Federal, contrario a lo expuesto por Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial.

Los juristas consultados coincidieron en que aun si el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal acompaña pruebas documentales a la denuncia penal que –dijo– interpondría ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Peña Nieto, sobre supuestos acuerdos que el titular del Ejecutivo federal hizo con empresarios petroleros en Inglaterra y Estados Unidos, la denuncia no tendría más fin que el archivo muerto.

El constitucionalista Antulio Ontiveros Laguna, director del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, Sociales y Estudios Jurídicos Daniel Cosio Villegas AC, sostuvo que el anuncio de López Obrador es más mediático que jurídico. Añadió que de ninguna manera (encuadra) el tipo penal de traición a la patria con el supuesto acto de abrir a la iniciativa privada la exploración y explotación de hidrocarburos, pues no es un acto de violación a la soberanía nacional, tomando como base los postulados de la Constitución.

Ontiveros recomendó a los abogados que asesoran a López Obrador que, si en verdad quieren tener éxito en una contienda jurídica contra la reforma energética, deben convencer a los legisladores que estén en contra de la modificación constitucional al marco normativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de que presenten una controversia constitucional y/o acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Martín Rubio Millán, ex delegado de la PGR en Michoacán, añadió que siempre que se ha intentado proceder contra un presidente de la República por traición a la patria, las denuncias terminan en el archivo muerto. Agustín Acosta Azcón y Xavier Olea Peláez, abogados con más de 20 años de experiencia en litigios penales, coincidieron en que llevar el tema de la reforma energética al terreno del derecho penal no es más que un planteamiento de retórica y de discusiones ideológicas sobre el concepto de soberanía.

En una visión totalmente antagónica a las anteriores, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, aseguró que sí procede la acusación de traición a la patria contra Peña Nieto, siempre y cuando López Obrador presente las pruebas que dice tener. Dijo que es un delito contra la seguridad de la nación que puede ser cometido por el presidente de la República, según lo establece el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución.

El artículo 123 del Código Penal Federal, en su fracción I, tipifica y sanciona el delito de traición a la patria con pena de prisión de cinco a 40 años, al que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

En su diccionario de derecho penal editado por Porrúa, el ministro jubilado de la Suprema Corte, Francisco Pavón Vasconcelos explica que el tipo penal de traición a la patria es muy ambiguo respecto de la determinación de los hechos que lo constituyen, pues comprende toda una gama o diversidad de conductas que en alguna forma tienden a vulnerar la forma de gobierno y las instituciones públicas, alterando la paz de la nación, con la concreta finalidad de someter a persona, grupo o gobierno extranjero."