viernes, 3 de enero de 2014

"Poder Familiar de la Federación"

Relacionado con la entrada "Cartas a un Juez que inicia la carrera judicial" el compañero Israel Castillo nos comparte esta nota publicada en el diario "El Siglo de Torreón":

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 Noticia publicada en Nacional de El Siglo de Torreón el lunes 25 de junio de 2007, 8:42am

Margarita Luna Ramos, miembro de una ‘familia judicial’

El Universal /México, D.F.

"Luna Ramos ha sido secretaria, oficial judicial, actuaria, proyectista de sentencias en Juzgado, jueza de Distrito, magistrada de Circuito, magistrada del Tribunal Electoral y consejera de la Judicatura.


La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, es una prueba fehaciente de que la llamada “familia judicial” sí existe. Es más, quienes la conocen, saben que ella tiene dos matrimonios, que es bígama y que no lo niega.

Primero se casó en la capital del país, allá por el año de 1975, con el Poder Judicial de la Federación. El siguiente matrimonio le vendría más tarde, después de poco más de una década, cuando las bromas le decían que el tren se le iba, justo cuando se desempeñaba como jueza. A partir de ahí comenzó su bigamia.

Pero la historia que la llevó a estos dos matrimonios comenzó a escribirse en otro lugar y en otro tiempo.

Todo inició en un pueblito, como ella le dice nada menos que al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde nació hace medio siglo y en donde ella aspiraba a ser médico.
La muerte de su padre, un conocido comerciante de nombre Belisario Luna Flores y la falta de recursos para estudiar medicina, la llevaron a cambiar su vocación por la abogacía, una de las dos únicas carreras que se impartían en su natal San Cristóbal.

En el pueblo, asegura, sólo había dos opciones: ser maestro normalista o abogado. Dos de sus hermanos eligieron ser abogados (ahora José Alejandro es magistrado del Tribunal Electoral y Carlos Hugo es magistrado de Circuito) y otros dos decidieron ser maestros. Ella, la menor de los cinco hermanos, optó por la abogacía.

Ante la falta de recursos para que alguien le mantuviera sus estudios, desde los 15 años de edad, comenzó a trabajar como secretaria. El taller de mecanografía que había cursado en la secundaria le había servido para colocarse como secretaria en una oficina gubernamental en Chiapas.
Y de su tierra natal no hubiera salido de no ser porque no quería que su madre, doña Josefa, le durara más y no continuara, en su pueblo, “ahogándose en la tristeza”.

Cuando había iniciado la carrera de Derecho salió de Chiapas hacia la Ciudad de México, en donde se encontraban trabajando sus hermanos mayores. Ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y hubiera continuado trabajando como secretaria en una oficina de la Secretaría de Agricultura, de no ser por que su hermano José Alejandro la convenció de que, si ya iba a estudiar la carrera de Derecho, mejor presentara su examen para entrar como secretaria en un juzgado federal que se iba a abrir en la Ciudad de México.

Y así lo hizo. Presentó su examen de mecanografía y taquigrafía e ingresó como secretaria de uno de los encargados de elaborar proyectos de sentencia para el entonces recién nombrado juez Juan Díaz Romero, quien una década después llegó a ser ministro de la Corte.

Díaz Romero se convirtió en una de las personas clave en su vida laboral, de quien, junto a todo su equipo de colaboradores, adquirió el gusto y el amor por lo que la impartición de justicia.

A partir de entonces, sin saberlo, Margarita Luna Ramos, se casó con la justicia e inició una carrera de más de 30 años en la que, como muy pocos, ha recorrido cada uno de los escalafones del Poder Judicial, desde el más bajo hasta el más alto.

Lo mismo ha sido secretaria, oficial judicial, actuaria, proyectista de sentencias en Juzgado, en Tribunal Colegiado y en la SCJN, jueza de Distrito, magistrada de Circuito, magistrada del Tribunal Electoral, consejera de la Judicatura y a partir del 19 de febrero de 2004, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Segunda Sala del alto Tribunal.

Una mala negociación política en la Cámara de Senadores estuvo a punto de frenar su llegada a la Corte. En diciembre de 2003 el senador Diego Fernández de Cevallos la vetó, dividió a la fracción del PAN y evitó que, pese a tener la mayoría de votos, no fuera designada, porque no obtuvo la votación de dos terceras partes de los senadores que exige la Constitución para el nombramiento.

La falta de contactos y la ausencia de una filiación política estuvo a punto de dejarla fuera de la Corte y de formar parte del grupo selecto de 11 personas que deciden el destino de los principales conflictos que se viven en el país, del cual ya formaba parte, desde hacía dos décadas, su primer jefe, Juan Díaz Romero.

Pero las recomendaciones de algunos integrantes de la Corte y los buenos oficios del recién nombrado ministro, José Ramón Cossío, lograron colocarla nuevamente en la terna de candidatos que presentó el presidente Vicente Fox para ocupar la vacante que quedó libre con la salida del entonces ministro Juventino Castro y Castro.

Y ya en plena elección, un anónimo enviado de última hora a la fracción del PRD, en el que se afirmaba que había beneficiado a los clientes del senador Diego Fernández de Cevallos en el caso conocido como El Paraje San Juan, también estuvo a punto de empañar su elección.
Después de sopesar el anónimo, el entonces coordinador de la fracción perredista en el Senado, Jesús Ortega y los legisladores del PRD, decidieron darle su apoyo.

Ganó la elección con el voto de 82 de los 105 senadores presentes. Y al salir de la sesión, le agradeció su voto al perredista Jesús Ortega, por no haberle hecho caso al anónimo y le dijo que esperaba que la vida le diera la oportunidad de demostrarle que no se había equivocado.

A partir de entonces comenzó a usar esa toga negra que de alguna manera le aleja el aire de ama de casa que da con su cabello castaño corto, sus trajes sastres conservadores y sus largas faldas y la transforma en la ministra que con sus últimos votos ha decidido algunos de los asuntos más importantes del país, como fue el caso del conflicto que enfrentó a la Cámara de Diputados con el Instituto Federal Electoral.

Un caso en el que se le criticó ampliamente por haber emitido un voto totalmente opuesto al que había presentado en un caso similar promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aunque el cambio de opiniones a la hora de votar sobre casos similares no es nuevo para la ministra. Si existen nuevos argumentos que la hagan cambiar de opinión lo hace, lo mismo de una sesión a otra, como ocurrió cuando después de oponerse a la creación de una comisión que investigara violaciones graves a las garantías en el caso Atenco, al final terminó apoyando que se indagaran los hechos ocurridos en la comunidad mexiquense.

O incluso puede cambiar, después de un par de años, como sucedió con el tema de la cadena perpetua. A su llegada se sumó a la mayoría de ministros que ratificó la inconstitucionalidad de esta pena, pero un par de años después, cambió su opinión y con su voto ayudó esta postura cambiara y se declarara inconstitucional la cadena perpetua.

Este tipo de votos son los que hacen que no se le pueda ubicar con una tendencia clara.

En general se considera que la ministra tiende a ser demasiado técnica y muy rigurosa en el estudio de sus proyectos, no por nada se levanta todos los días a las 4 de la madrugada a estudiar sus asuntos.

Tres cualidades que aprendió de dos de los jefes que tuvo en sus inicios. El ministro en retiro Juan Díaz Romero, con quien todavía alcanzó a compartir como par el Pleno de la SCJN y el actual presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

De ellos, se asegura, es probable que también haya consolidado su tendencia a ser más conservadora a la hora de interpretar la Constitución y al resolver los conflictos, principalmente, entre autoridades y entre poderes, como ocurrió en el caso del IFE y más liberal e innovadora cuando se trata de defender las garantías de las personas, como lo hizo en el caso de los militares con VIH y de las investigaciones que se ordenó realizar en los casos Atenco y Oaxaca.

Y al igual que ellos, la presidencia de la SCJN, no es uno de sus principales objetivos en su vida y es el único cargo del Poder Judicial que le falta ocupar. Y hay quienes dicen que, al igual que Ortiz Mayagoitia, es un cargo que seguramente ocupará en el futuro. Tiempo le sobra. El periodo para el que fue electa como ministra concluye hasta febrero de 2019."


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