Compañer@s:
Nos comparten la siguiente nota periodística:
por Cristopher Ballinas
Valdés
2014-03-26 23:04:35
Categoria Columnas
2014-03-26 23:04:35
Categoria Columnas
La noción de
transparencia gubernamental ha pasado en unos años de ser un concepto marginal
a ser uno representativo del modelo ideal de gestión pública. No debe de ser
entendido como una cortesía de los gobiernos ante las demandas ciudadanas sino
como un elemento esencial para la rendición de cuentas, y una herramienta
efectiva para el control de las tentaciones de los gobernantes.
El anuncio del
cierre parcial de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
anunciado hace unos días por el Gobierno del Distrito Federal, es un ejemplo
claro de que a pesar de las demandas ciudadanas, los gobernantes no tienen una
política de gobierno abierto que permita ver claramente el proceso de gestión y
decisión gubernamental en los problemas que diariamente le afectan.
Al margen de
los dimes y diretes entre gobierno, proveedores y administradores, el cierre
parcial de la Línea 12 revela un problema de fondo en el gobierno de la
capital. A pesar de que éste se ha erigido como un paladín de los derechos
políticos, poniendo en la agenda nacional la discusión de derechos y libertades
políticas (como lo son el derecho a matrimonio a personas del mismo sexo, o la
despenalización a la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros), en el
fondo no ha podido instrumentar una serie de derechos y libertades políticos
esenciales que deben prevalecer en la gestión gubernamental moderna.
La transparencia
no es el simple acto de poner a disponibilidad de quien los solicita documentos
e información gubernamental una vez que se han llevado a cabo decisiones o se
han ejecutado una serie de disposiciones y política. El ciudadano, en sus
derechos políticos, necesita de conocer el origen de las decisiones, sus
objetivos así como los criterios que llevan a tomar una decisión de determinada
manera y no de otra, las alternativas que se consideraron, así como aquellos
elementos que se privilegiaron sobre otros en la toma de decisiones.
Desde esta
perspectiva, no basta con poner a disposición de los medios los contratos entre
proveedores y el Gobierno del Distrito Federal, o argumentar que las
dependencias involucradas en la vigilancia del gasto conocían de estos.
Funcionarios actuales y pasados necesitan dar a conocer plena y cabalmente las
razones y criterios que se utilizaron para tomar la decisión de cerrar
parcialmente una Línea de vital importancia para el transporte en la capital.
Igualmente, se necesita transparentar los criterios por los cuales se decidió
realizar una obra de tal magnitud con tales características, informando
aquellas fallas y en qué momento se presentaron. Más importante, es necesario
transparentar el proceso de toma de decisiones del Gobierno del Distrito
Federal para decidir la construcción de un sistema de transporte de tales
características vis-a-vis otras alternativas más novedosas,
efectivas, económicas y sustentables.
El escándalo
desatado por la decisión de cerrar la operación de una parte importante de la
Línea 12 del metro es sin duda uno de los mejores ejemplos de la gran deuda que
tiene el Gobierno del Distrito Federal en materia de transparencia. En ese
sentido, el InfoDF debe de demostrar tanto su verdadera independencia con el
gobierno de la capital, así como su compromiso con la transparencia creando las
bases para que este derecho político no sea sólo un deseo para los ciudadanos
de esta ciudad.
* Gracias a nuestro compañero Félix Calderón Radilla por la nota.
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